*24.44.-Elecciones parejas – EDUARDO POSADA
*Benedetti, la nueva Jesusita – PATRICIA LARA
*Justicia morosa – GERMÁN VARGAS
*Autonomías territoriales y reforma al SGP – RODRIGO UPRIMNY
*Cambio de tercio en la paz – CRISTINA DE LA TORRE
“Más que en la mesa de diálogo, la paz reside en las comunidades”: Cristina de la Torre. Foto: Óscar Pérez
El protagonismo empieza a desplazarse del despótico negociador (llámese Mordisco o Beltrán) hacia comunidades que construyen paz. Al proceso contribuye la división de los grupos armados que, en vista de su eventual desmovilización, se debaten en el dilema de renunciar a las armas o seguir violentando a la población. Catalizadores de esta crisis serían la diversidad de sus bloques y la dificultad para darle carácter político a su actividad delictiva. Conforme se disocian por conflictos intestinos esos grupos armados, cambian los referentes del diálogo. Y cambia el tono del Gobierno.
26 nov 2024.- Se mostró esta semana el ELN dispuesto a volver a conversar, pero el presidente Petro le advirtió que no concurriría si iba ese grupo “con el fusil en la mano”; que “quienes no dejen las armas serán doblegados por la Fuerza Pública (y deben) escoger entre el camino del padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”. Entonces Beltrán, portavoz del ELN, confesó que ellos no firmarán la paz en este Gobierno y Petro elevó exigencias: la reanudación de esta mesa queda en vilo. Camilo González, negociador con el Estado Mayor Central (EMC), selló condicionando el regreso de Mordisco al diálogo a su declaración de cese unilateral del fuego.
Al parecer, sufren esos grupos una crisis de identidad que respira por la frágil representatividad de sus jefes en las mesas del ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia: facciones y frentes enteros inconformes con sus voceros montan toldo aparte para suscribir sin ambigüedades el propósito de paz. Acaso amenace este cambio de jerarquías con reducir el alcance de la paz total, pero obrará a la larga como poderoso factor disuasivo de la guerra.
Porque se resuelve en acción integral del Estado, Fuerza Pública comprendida, con participación de ciudadanos y autoridades en los planes de desarrollo, de seguridad y convivencia. Sería de paso formalización del heroico esfuerzo de reconstrucción del tejido social que miles de colombianos han emprendido contra los estragos de una guerra ensañada en la gente; y proyección de los PDET, que son nervio del Acuerdo de Paz. Es que la paz no depende ya únicamente del tránsito de los armados a la vida civil sino, sobre todo, de cambios de impacto tangible en las comunidades, de transformación de las condiciones que engendran la violencia.
Explica Pablo Pardo, vocero del Gobierno ante Comuneros, que el proceso con esa disidencia del ELN es territorial e integral, con una hoja de ruta que contempla desmonte paulatino de la violencia, transformación del territorio con sustitución de economías ilegales y transición del grupo armado a la vida civil. Más que en la mesa de diálogo, la paz reside en las comunidades. Su fin, desescalar la violencia. Abunda en la idea Armando Novoa, negociador con Segunda Marquetalia: el desescalamiento integral del conflicto implica que los armados vayan reemplazando las armas por trabajo en proyectos económicos en el territorio. Y Camilo González, delegado ante el EMC, insta a sentar las bases para transformar el territorio y para que la reincorporación sea comunitaria: no es reincorporación de combatientes, dice; es reincorporación de poblaciones, de territorios, de comunidades.
Urge articular esta política con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito hace ocho años que, salvo por la JEP, encontró la Contraloría en pañales. En particular, desarrollar la reforma rural y los PDET, cuya vigencia pide el Gobierno prolongar ocho años más. Tres ideas madre parecen gravitar en torno al cambio de tercio en la estrategia de paz: uno, que sin implementación del Acuerdo de 2016 no habrá paz que valga; dos, que la paz es territorial y su negociación también; tres, que la implosión de los grupos armados no es cosa del Gobierno. Reafirma Petro que él negocia con quienes quieran la paz; los que no, tendrán que vérselas con la Fuerza Pública.
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cristina-de-la-torre/cambio-de-tercio-en-la-paz/
24.44.-Elecciones parejas – EDUARDO POSADA
Ante “elecciones parejas”, la ruta sabia es la indicada por Yamandu Orsi, quien, en su discurso de victoria, reconoció que tenía que gobernar para ganadores y perdedores
La han llamado “elección pareja”, donde los votantes se dividen casi ‘miti-miti’: allí, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, resultó elegido presidente con un porcentaje cercano al 50 por ciento de los sufragios.
28 NOV 2024.- El sistema electoral uruguayo es muy diferente del estadounidense. Orsi fue elegido en segunda vuelta. En su país no hay colegio electoral –la institución en la que se fijan los analistas de la política norteamericana–.
Sin embargo, Donald Trump también fue elegido tras resultados del voto popular cercano al ‘miti-miti’, una similitud que no debe pasar inadvertida. El voto popular importa como indicativo de los niveles de apoyo de la población. E importa, además, para el examen de un interrogante fundamental para la democracia, aún irresuelto, al que debemos regresar:
¿Cuál es la naturaleza de un mandato presidencial respaldado por la mitad más uno (o la mitad menos uno) del electorado?
No es una pregunta menor.
La naturaleza del poder presidencial en democracia tampoco se aclara si cuenta con mayorías electorales mucho mayores del ‘miti-miti’. Pero quizás se complica más si la persona elegida es al tiempo respaldada y repudiada por mitades. En tal caso, ¿puede un presidente reclamar un mandato para ejercer el poder a sus anchas?
En sus orígenes modernos, en Estados Unidos, la democracia presidencial fue diseñada con grandes ambigüedades, por su misma condición experimental. Algunos de sus desarrollos posteriores se apartaron de lo concebido por los “padres fundadores”, como lo examinó muy bien Robert A. Dahl (How Democratic is the American Constitution? 2002).
Así sucedió con el tema de la “legitimidad popular” del Ejecutivo. De acuerdo con Dahl, los fundadores de la república tenían pocas dudas sobre dónde reposaba la soberanía popular: el Congreso. Ello cambió bajo la presidencia de Andrew Jackson, uno de los primeros “caudillos” de las Américas: Jackson reclamaba que “solo él representaba a todo el pueblo”.
En palabras de Dahl, con Jackson se inició “el mito del mandato presidencial”, según el cual, al ser elegidos, los presidentes creen que el pueblo les ha conferido el poder legítimo para implementar cualquier promesa hecha durante sus campañas. Para Dahl, tal “mandato” sería un “mito” del que se sirven los presidentes ambiciosos de poder.
Por supuesto que Dahl reconoce las dificultades del asunto. Otros presidentes, desde Lincoln hasta los Roosevelt, se sirvieron del “mito” con diferentes propósitos. Juan Linz se referiría a la “legitimidad dual” de los sistemas presidenciales, donde el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por el voto popular.
Así la legitimidad repose en uno u otro, el problema del “mandato” de la mitad más uno (o la mitad menos uno) no es de fácil solución. Dicho de otra forma: ¿cómo se definen la “mayoría” y la extensión de su poder en democracia? Dahl consideraba al sistema estadounidense como “híbrido”, al tiempo de simpatizar con democracias de consenso –más representativas, y de mayor calidad–. No parecen exigir fórmulas mágicas para crear consensos democráticos –que, por su naturaleza, deben satisfacer a mayorías y minorías, cuyas diferencias numéricas desaparecen con resultados cercanos al ‘miti-miti’–. Allí se forma un nudo gordiano, casi imposible de desatar, sobre todo en sociedades polarizadas.
Ante “elecciones parejas”, la ruta sabia es la indicada por Yamandu Orsi, quien, en su discurso de victoria, reconoció que tenía que gobernar para ganadores y perdedores. Ante su crisis contemporánea, la democracia puede encontrar en países como Uruguay mejores lecciones que en las viejas democracias.
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/elecciones-parejas-3404273
24.44.-Benedetti, la nueva Jesusita – PATRICIA LARA
El embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, aseguró que guardará silencio durante las citaciones que le haga la Comisión de Acusación de la Cámara por el expediente de la campaña del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular
“Benedetti no aspira a ministerios ni a embajadas. Él lo que quiere es ser Jesusita”, los oí decir a fuentes de la campaña de Gustavo Petro.
Jesusita era la mano derecha de Petro, su fiel escudera. No había cita con él que pudiera lograrse sin su ayuda; todo tenía que pasar por sus manos. Pero Jesusita salió de Palacio como pepa de guama poco después de que Laura Sarabia, quien trabajaba con Armando Benedetti, llegara a la Casa de Nariño como jefa de despacho del presidente. Jesusita se fue a trabajar con el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, y, más tarde, se jubiló.
29 nov 2024.- Pues bien, ahora resulta que, después de tanta agua que ha corrido bajo el molino, y luego de que Benedetti trató a los gritos a Sarabia —hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE)— y, en una conversación, utilizó palabras soeces que no transcribo y le dijo: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura (…) Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos”; después de que a Benedetti lo nombraron embajador en Venezuela y se iba, seguramente, de rumba durante días; una vez que él logró que le crearan la embajada en la FAO, que le costó al país cerca de 1.200 millones sin contar su sueldo de casi 49 millones mensuales; luego de que protagonizó en España un escándalo de maltrato contra su exesposa, Armando Benedetti logró su sueño: ser Jesusita. Es decir, no tener responsabilidades, pero sí estar en una oficina al lado de la del presidente, hablarle al oído y manejar los hilos secretos e inconfesables del poder.
En la oficina del otro lado estará Laura Sarabia, pero, seguramente, será por poco tiempo, porque ella también saldrá de Palacio como pepa de guama, tal como salió Jesusita. Y quedará Benedetti, solito, como dueño de la agenda y de los pensamientos del presidente.
Sin embargo, lo probable no es solo que vuele en átomos la poderosa Laura Sarabia, sino también que explote por dentro la guardia pretoriana del presidente: aquella conformada por su gente más cercana, esa que tiene principios y no entiende ni acepta que Benedetti regrese al corazón del poder. De ese grupo hacen parte Gustavo Bolívar, director del DPS; los ministros de Defensa, Educación, Cultura, Minas y Trabajo; el director de Planeación; la vicepresidenta de la República; el senador Iván Cepeda y la senadora consentida de Petro, María José Pizarro.
Pero, en ese grupo, con seguridad, falta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que viene del santismo y ha hecho una buena labor porque ha logrado que el Congreso le camine al gobierno. Ha impulsado la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, ha sacado adelante la elección del procurador general Gregorio Eljach y del magistrado de la Corte Constitucional Gustavo Malo, y está a punto de conseguir que se apruebe la reforma al Sistema General de Participaciones.
Es que la molestia de Cristo debe ser enorme, porque su principal función como ministro del Interior es manejar las relaciones con el Congreso. Pero, según se ha dicho, el papel que le asignará el presidente a Benedetti será, precisamente, relacionarse con el Parlamento.
Entonces, ¿qué hará el ministro Cristo? ¿Someterse a los caprichos de la nueva Jesusita?
No parece muy probable.
Nota: Ayer, hoy y siempre defenderé al padre Francisco De Roux y creeré en su verdad. Él es un ser excepcional. Este país no tiene cómo agradecerle el bien que le ha hecho. Ya quisiera yo, y ya quisieran tantos, tener su condición humana.
24.44.-Justicia morosa – GERMÁN VARGAS
Es escandalosa la mora que impera en las decisiones judiciales y son muy pocos los despachos que cumplen los términos legales.
Silencioso y vergonzante, avanza en su aprobación el otrora ambicioso proyecto de reforma de la justicia. Reducido a la nada. 13 artículos que modifican el Código de Procedimiento Penal, cambios en el principio de oportunidad y algo en materia de reparación de víctimas. ¿En dónde quedó la gran reforma que motivó la creación de una comisión de la que hice parte, integrada por jueces, magistrados, académicos, abogados en ejercicio y expertos? Muchos presentamos propuestas y documentos que hoy reposan en la caneca de la basura.
30 nov 2024.- El ahora microproyecto se ocupa de restringir las causales al principio de oportunidad y de eliminar otras que a mi juicio son necesarias, como es el caso del exceso en la legítima defensa. La eliminación de esta causal envía un mal mensaje a la sociedad. Piénsese en el ciudadano de a pie, que acata las normas y que será sancionado si se sobrepasa en la protección de sus derechos ante una agresión, comparado con el delincuente que ha hecho del crimen su modelo de vida y que sí permanece cobijado con beneficios para continuar delinquiendo.
O qué tal la nueva facultad al fiscal para tasar, a su arbitrio y sin soporte pericial y aun sin conocer a la víctima, la caución para dar por terminado el proceso, incluso extendiendo los efectos de esta terminación a todos los coautores sin que hayan contribuido a la reparación. Muy inconveniente también.
¿En dónde quedó la gran reforma que motivó la creación de una comisión de la que hice parte, integrada por jueces, magistrados, académicos, abogados en ejercicio y expertos?
No seguiré ahondando en lo que quedó convertida la reforma, no vale la pena, pero sí debo levantar la mano para decir que ella no resuelve en nada los verdaderos problemas de la justicia, como son el acceso de todos a una justicia pronta, eficiente y oportuna, la garantía de seguridad jurídica en los fallos y el valor del precedente jurisprudencial, la correcta administración de justicia, el juzgamiento de altos funcionarios del Estado y el fortalecimiento presupuestal de la rama. Nada de nada.
Quizás el tema que más preocupa a los colombianos sea la oportunidad de la justicia. Es escandalosa la mora que impera en las decisiones judiciales y son muy pocos los despachos que cumplen los términos legales. ¿Cómo entender que una simple demanda de un proceso divisorio de bien inmueble haya estado en el despacho de un juez de circuito (el 47 para ser exacto) más de 10 meses para ser admitida? Uno se pregunta con toda razón qué puede estar ocurriendo en ese despacho. Por supuesto, resulta imposible vaticinar el tiempo para que se profiera una decisión de fondo. Ante situaciones como esta las personas prefieren conciliar o abandonar. Es mejor un pésimo arreglo que un buen pleito, se dirá con razón.
Porque la mora es sinónimo de denegación de justicia. Y la mora que hoy campea por los despachos de la Corte Constitucional tiene efectos aún más indeseables porque atañe a la seguridad jurídica y la preservación del Estado de derecho. La Constitución Nacional en su artículo 242 fija a la Corte un término perentorio de 60 días para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad de leyes, reduciéndose a la tercera parte en el caso de decretos legislativos. Así de claro. Pero se dirá que esos términos fueron modificados por el Decreto Ley 2067 de 91, que fija 30 días para que la Procuraduría rinda concepto y otros 30 para el magistrado sustanciador y 60 más desde que radica el proyecto de fallo y, por supuesto, las audiencias y las vacancias y, cómo no, las calamidades, más los incidentes de impedimentos y recusaciones. ¿Cómo es posible que a hoy, de las 167 demandas contra la reforma pensional, la tributaria de 2022 y el plan de desarrollo y habiéndose archivado 69, haya todavía 46 pendientes de sentencia, habiendo sobrepasado todos los términos? ¿Cuándo conocerá el país los fallos en asuntos tan delicados?
La pensional entrará en vigor el próximo año, la tributaria se viene aplicando desde 2023 y ya queda menos de la mitad del cuatrienio con un Plan de Desarrollo que podría ser declarado inconstitucional. Todo vigente y con plenos efectos. Por eso la Constitución fijó 60 días como plazo, lo que poco preocupa a quienes más debería, es decir, a los magistrados encargados de hacerla cumplir. Qué paradoja. Y si esto ocurre en la corte de cortes, como se hace llamar, qué podemos esperar del resto.
Estos son los temas y preocupaciones que deberían ser resueltos por una verdadera reforma de la justicia que ya en este gobierno no llegó.
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/justicia-3404838
24.44.-Autonomías territoriales y reforma al SGP – RODRIGO UPRIMNY
“Debemos ir mucho más lejos y avanzar, con responsabilidad fiscal, hacia un Estado de regiones, como lo sugerían visionarios como Fals Borda”: Rodrigo Uprimny. Foto: Óscar Pérez
La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), que está a un cacho de ser aprobada, ha enfrentado dos posiciones: algunos exministros de Hacienda, el Banco de la República y varios analistas la han criticado duramente pues consideran que implica un desastre para las finanzas públicas; los defensores de la reforma cuestionan a los primeros como bogotanos, insensibles y centralistas ya que consideran que la modificación del SGP es necesaria porque las entidades territoriales requieren más recursos si queremos una verdadera descentralización. Paradójicamente, ambas visiones tienen razón, pero ambas son insuficientes.
1 dic 2024.- En Colombia, con excepción del predial, que es de los municipios, los impuestos e ingresos más dinámicos (como el IVA o el de renta) son nacionales. Por eso, para que las entidades territoriales tengan recursos para sus funciones y atender las necesidades básicas de su población, como educación, salud o saneamiento, la constitución ordena que una parte de los ingresos de la nación sean transferidos a las entidades territoriales. Esas transferencias constituyen el SGP.
Los defensores de la reforma arguyen que las transferencias han tendido a estancarse debido a una reforma constitucional de 2001 que modificó su cálculo. Esas transferencias se redujeron de aproximadamente 42 % de los ingresos corrientes de la nación a 23 % hoy. La reforma propone entonces incrementarlas progresivamente hasta llegar a 39,5 % en 12 años. Por su parte, los críticos arguyen que esa reforma pone en riesgo la estabilidad fiscal pues el déficit del Gobierno y la deuda pública llegarían a niveles insostenibles. Pero además señalan que la reforma no precisa cuáles competencias son las que se descentralizan, con lo cual habría transferencia de recursos sin claridad de competencias. Y añaden que la reforma introduce nuevas rigideces en el presupuesto nacional y agrava la pereza fiscal de los municipios y departamentos, que se contentarían con recibir recursos de la nación sin esforzarse por mejorar los propios.
Ambas visiones en cierta forma aciertan. Si Colombia quiere una mejor democracia, requerimos superar las desigualdades regionales y fortalecer las autonomías territoriales, lo cual supone reforzar sus finanzas. Esto parece dar razón a los defensores de la reforma. Pero sus críticos aciertan en que la reforma, incluso con las mejoras introducidas por el Senado, no toma en serio las restricciones fiscales. Además, es contradictorio que la reforma diga que no pueden transferirse nuevos recursos a las entidades territoriales sin previa descentralización de competencias, lo cual es acertado, pero señale también que las transferencias crecerán todos los años a una tasa fija. Es igualmente problemático que la reforma no aclare qué pasa con el SGP reformado si la ley de reparto de competencias no es aprobada.
Ambas visiones tienen algo de razón, pero creo ambas son insuficientes pues parecen suponer que la discusión esencial es el reparto de competencias y recurso entre la nación, los departamentos y los municipios, pero ese régimen territorial ha mostrado sus limitaciones. Debemos ir mucho más lejos y avanzar, con responsabilidad fiscal, hacia un Estado de regiones, como lo sugerían visionarios como Fals Borda, con competencias diferenciadas o asimétricas, según sus necesidades y capacidades. Una reforma al SGP sin reordenamiento territorial no creo que logre realmente avanzar a autonomías territoriales consolidadas.
Hubiera querido que la discusión de la reforma al SGP hubiera sido más integral y más consensuada. Eso no ocurrió, y como parece que la reforma al SGP es imparable, ojalá se corrijan sus defectos y esta sea el punto de partida hacia una verdadera discusión sobre el reordenamiento territorial.