*24.37.-Bitácora de un agitador – RAMIRO BEJARANO
* Precisiones sobre el CNE y el fuero presidencial – RODRIGO UPRIMNY
*Se la sirvieron en bandeja – MARÍA ISABEL RUEDA
*Caso Cabello: ojos judiciales que no ven… – CECILIA OROZCO
* Julian Assange: “Estoy libre porque me declaré culpable de hacer periodismo” – SILVIA AYUSO
El fundador de Wikileaks realiza su primera intervención pública tras recuperar la libertad ante una comisión del Consejo de Europa en Estrasburgo
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, junto a su esposa, este martes en Estrasburgo. Foto: Pascal Bastien (AP/LaPresse) | Vídeo: EP
Julian Assange ha roto este martes en Estrasburgo el silencio que mantenía desde que en junio recuperó la libertad de la que estuvo privado durante 12 años. El fundador de WikiLeaks ha dejado claro que si hoy puede volver a moverse sin miedo a ser arrestado y extraditado a Estados Unidos no es porque hayan funcionado las salvaguardias previstas para proteger la libertad de expresión, sino porque, ante la perspectiva de pasarse, probablemente, el resto de su vida entre rejas, acabó aceptando un acuerdo judicial y se declaró culpable de “hacer periodismo”.
1 oct 2024.- “Quiero ser claro: no estoy libre hoy porque funcionara el sistema”, ha advertido el australiano durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). “Si estoy libre es porque me declaré culpable de hacer periodismo, me declaré culpable de buscar y obtener información de una fuente, y culpable de contar al público esa información. No me declaré culpable de nada más”, ha subrayado al comienzo de dos jornadas en Estrasburgo en las que se discutirá, hasta este miércoles, su caso y los “efectos disuasorios en materia de derechos humanos” que ha tenido, especialmente en materia de libertad de expresión. Assange ha pedido que las instituciones internacionales “actúen” para que lo que le ha pasado a él por publicar información clasificada “no vuelva a suceder”.
“El periodismo no es un crimen”
“Un periodista no debería ser perseguido por hacer su trabajo, el periodismo no es un crimen, es un pilar de una sociedad libre e informada”, ha subrayado entre aplausos de los parlamentarios, a los que ha pedido que no bajen la guardia en un momento en que la libertad de expresión se encuentra en una “oscura encrucijada” en todo el mundo, también en una Europa que se precia de sus valores fundamentales. “Los derechos de los periodistas y editores en Europa están seriamente amenazados; la represión transnacional no puede convertirse en la norma”, ha advertido. “Si hay hoy en Europa un futuro en el que la libertad para hablar y publicar la verdad no sea privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos, [ustedes] deben actuar para que lo que pasó en mi caso nunca vuelva a pasarle a nadie”, les ha rogado a los diputados. Empezando, ha dicho, por revisar las protecciones legales a los informadores, porque “muchas existen solo sobre papel”.
Su presencia en el Consejo de Europa hasta este miércoles, en el que se debatirá y aprobará una resolución con propuestas de reformas legales para evitar lo que se ha calificado como “peligroso precedente político” para otros periodistas, constituye la primera salida de Assange de su Australia natal desde que, tras un acuerdo con la justicia estadounidense, fuera liberado a finales de junio de la prisión británica de máxima seguridad donde pasó los últimos cinco años. “Acabé eligiendo la libertad frente a una justicia irrealizable”, ha justificado su decisión. Antes de ese acuerdo, el Departamento de Justicia norteamericano acusaba al australiano de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El líder de WikiLeaks se enfrentaba a una pena máxima de 175 años de prisión, principalmente por la filtración de más de 200.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en el esfuerzo concertado de publicación de esos cables diplomáticos del Departamento de Estado que sacudieron la diplomacia mundial.
La de este martes es, también, la primera vez que el australiano, de 53 años, rompe su silencio sobre su caso “desde antes de su encarcelamiento, en 2019”, como ha destacado WikiLeaks. Y lo ha hecho para revelar que parte del acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense implica la imposibilidad de que pueda atacar por la vía judicial su acoso durante más de una década, el procedimiento de extradición ni que pueda acceder a registros de su caso mediante la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y su esposa, Stella Assange, durante la audiencia ante el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en Estrasburgo, este 1 de octubre. Stephane Mahe (REUTERS)
Assange, trajeado y luciendo una barba blanca, ha acudido a primera hora de la mañana a la sede del Consejo de Europa acompañado de su mujer, la abogada de origen hispano-sueco Stella Assange. El australiano no ha hecho declaraciones ante la prensa antes de ingresar a la sala de audiencias, donde ha disertado durante una hora larga ante legisladores de los 46 Estados miembros de la institución con sede en Estrasburgo.
Su declaración se ha desarrollado entre constantes carraspeos y pausas, en un momento en que, ha reconocido, sigue intentando “readaptarse” a la vida normal tras más de una década encerrado, primero siete años en la Embajada de Ecuador en Londres y luego en una prisión británica de máxima seguridad. “He perdido 14 años de mi vida”, ha dicho en varias ocasiones. Fue en 2010 cuando comenzó el proceso judicial en su contra al ser acusado por la Fiscalía sueca de acoso sexual.
“He recorrido un largo camino para estar aquí, literal y figurativamente”, ha señalado, indicando que el aislamiento al que estuvo tantos años sometido “pasa factura”. “Hablar aquí es un desafío”, ha admitido.
“Ambiente de autocensura”
El borrador de la propuesta de resolución que debe ser aprobada este miércoles manifiesta la “profunda preocupación” del Consejo de Europa por el “duro” trato dado a Assange. Algo que, advierte, puede tener un “efecto disuasorio” en materia de derechos humanos y crear un “ambiente de autocensura que afecta a todos los periodistas, editores y otras personas que informan de cuestiones esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática”. La resolución también llama a Estados Unidos, país observador del organismo con sede en Estrasburgo y al que pertenecen 46 Estados, a “reformar” su Ley de Espionaje y garantizar una mejor protección a los informadores.
“Julian ha acabado saliendo libre, pero lo que queda es que se ha usado esta herramienta de la Ley de Espionaje contra un periodista. Una vez que esta arma ha sido usada, volverá a ser empleada, eso ocurre siempre. Mientras exista, alguien abusará de ella, por eso hay que pararla”, ha afirmado tras la audiencia el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson. Para la autora del informe y de la resolución, la islandesa Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, esta ley revela además un síntoma muy “preocupante”: una sociedad que, asustada por las amenazas a su seguridad como el terrorismo, ha permitido que los “aparatos estatales del mundo acaben con nuestros derechos humanos en nombre de esa seguridad”.
“Mi mayor preocupación”, añadió Ævarsdóttir, “es cómo hemos permitido que nuestros miedos en materia de seguridad justifiquen las enormes violaciones de derechos humanos, vigilancias masivas, torturas, secuestros, crímenes de guerra, contra la humanidad realizados en nombre de nuestra seguridad. Y, al mismo tiempo, hemos permitido que erosionen nuestro derecho a la libertad de expresión, a un juicio justo o siquiera a tener un juicio”, ha dicho en rueda de prensa tras la audiencia. “Si no defendemos nuestros valores, si no preservamos nuestra libertad de expresión, de pensamiento, de movimiento, entonces, no nos queda ninguna seguridad. Da igual cuántos policías pongamos”, ha advertido la autora del informe.
24.37.-Caso Cabello: ojos judiciales que no ven… – CECILIA OROZCO
“…la historia de la oferta delictiva de puestos a cambio de votos para Cabello cuando aspiraba a la fiscalía general”: Cecilia Orozco, Foto: El Espectador – Óscar Pérez
Una información extraordinaria se produjo la semana pasada sin que la prensa nacional se enterara. Tal vez el carácter especializado del evento en que se pronunció restringió su difusión; o, tal vez, la divulgación de tamaña denuncia convenía a muy pocos. Por mi parte, siendo periodista cuya obligación es estar siempre alerta, confieso que me apercibí del suceso gracias a un acucioso asistente al Congreso de Derecho Procesal que se realizó la semana pasada en Bucaramanga y que reunió a cerca de tres mil abogados, entre ellos, a muy renombrados magistrados (ver). En ese espacio, quien fuera miembro de la Corte Suprema, Edgardo Villamil, se salió, de nuevo, del redil y -fiel a su temperamento recto desnudó el funcionamiento corrupto del Estado colombiano, pero no genéricamente, sino con casos concretos. Eso es lo raro: que alguien se meta al río profundo sin que le importen las pirañas que lo esperan para devorarlo. Con metáforas y alegorías como la de que “Colombia es una democracia con fétido olor a monarquía hereditaria” en alusión inconfundible a los apellidos tradicionales y a los nombres de unos cuantos colados que, sin mérito personal, acaparan el poder y los negocios públicos para usufructo particular, Villamil descubrió personajes de la política y la justicia ligados a actos que merecerían, al menos, censura social en lugar de premios.
9 oct 2024.- Entre las referencias del exmagistrado, cada cual más reveladora que las otras, me llamó la atención una por su repercusión actual. Rememoró: “… el [ex] presidente Uribe también impulsó como Fiscal general de la Nación a la doctora Margarita Cabello Blanco [en 2009] (ver) y al doctor Jorge Pretel Chaljub [en 2005] (ver), después condenado penalmente por vender providencias [cuando era magistrado de la Corte Constitucional, también postulado por Uribe] (ver)”. Más adelante, Villamil retomó la historia de la que él fue partícipe hace década y media, cuando aún integraba la Sala Civil de la Suprema: “… en el preámbulo de la sesión en que deberíamos ocuparnos de tal elección (de fiscal general), el magistrado Luis Javier Osorio tomó la palabra para testimoniar algo… que calificó como ‘asqueante’: dijo… que a su despacho llegaron dos abogados de Medellín a ofrecerle la dirección de Fiscalías de Antioquia y del propio Medellín, si votaba por Margarita Cabello Blanco”. Villamil añadió que, en ese momento, intervino para exigir que la sala plena de la corte compulsara copias a la Fiscalía con el objeto de que se abriera investigación por una oferta que parecía delictiva. Recordó que, en cuanto formuló esa exigencia, la sala suspendió la deliberación. La siguiente reunión de la Corte fue citada en Cartagena por su presidente de entonces, el también condenado Francisco Ricaurte, continúo el relato de Villamil. Ricaurte, favorecedor de Cabello, fue enviado a la cárcel, años más adelante, por ser miembro del “cartel de la toga”, un grupillo corrompido de magistrados que les vendía sentencias absolutorias a congresistas investigados.
Sin la presencia de Villamil en Cartagena, adonde no fue por sentirse indignado, Ricaurte sometió a votación la decisión de que la corte denunciara o no el delito de cohecho (dar u ofrecer a servidor público dinero u otro beneficio para que este falte a sus deberes) que habrían cometido los delegados de Cabello y ella misma. Once magistrados amañados votaron por no denunciar; diez, por el sí. Villamil, enhiesto, se pronunció en la siguiente sala, ya en Bogotá: “yo, con mi cédula y [en] mi condición de ciudadano, [entregaré] la noticia [a la Fiscalía] de lo que creía y creo [que] es un delito”. Y cumplió. Formuló denuncia con su firma y la de varios de sus colegas. La Fiscalía no hizo nada; o si lo hizo, no lo comunicó. La flamante procuradora de hoy no fue investigada. Por el contrario, a partir de ahí, el camino de los altos cargos del Estado se amplió para ella: aunque no llegó a ser la fiscal de Uribe, pocos años después –ya retirado Villamil y compañeros de cruzada ética–, fue elegida, increíblemente, para integrar la Sala Civil de la misma Corte Suprema en donde se había discutido y formulado la denuncia en su contra. Cabello no terminó su periodo en ese tribunal porque sus planes eran más ambiciosos. Duque, el presidente que puso Uribe para seguir gobernando este país en cuerpo nada ajeno a él, la nombró ministra de Justicia mientras la preparaba para postularla como Procuradora General con el concurso de un Congreso clientelista y politiquero como Cabello y su rama judicial. Si hace 14 años, la procuradora general no fue investigada, ¿alguien examinará lo que hizo en el Ministerio Público? ¿El señor Eljach se dará la pela? Ojos corruptos que no ven, corazón corrupto que tampoco siente.
Entre paréntesis.- Esta columnista ha estado investigando la historia de la oferta delictiva de puestos a cambio de votos para Cabello en la corte cuando aspiraba a la Fiscalía General. Con ese propósito, tramité un derecho de petición a la Suprema el 21 de agosto pasado. Recibí respuesta el 20 de septiembre. Si bien, esa corporación me envió apartes de las actas de la época –como lo solicité–, cercenó los párrafos en que constan las encendidas protestas de los magistrados Osorio y Villamil, así como la votación mayoritaria, en Cartagena, a favor de no tramitar ninguna denuncia en contra de la actual procuradora o de sus emisarios. Con violación a mi derecho a obtener esos datos, la Suprema argumentó que hay párrafos reservados porque “… la Ley 1712 de 2014, establece como excepción al acceso a la información contenida en actas oficiales, los documentos que contengan “las opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos”. En pleno 2024, sigue vigente la política, ¿cómo dice? Ah sí: la del tapen, tapen. El poderío corruptor de Cabello ha sido inmenso. Y sin remedio.
Entre paréntesis II.- Por transparencia profesional, notifico a mis lectores que el doctor Villamil, hoy, 14 años después de los hechos que narro y sin relación con estos, es mi apoderado en una reciente demanda civil que interpuse.
24.37.-Bitácora de un agitador – RAMIRO BEJARANO
La tempestad política e institucional que ha armado el presidente Petro con la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) es injustificada porque, a pesar de su protuberante inconstitucionalidad e ilegalidad, apenas se abrió una investigación en su contra y de sus administradores de campaña, lo que no es el fin de la democracia. En ningún caso el CNE puede investigar ni imponer sanción al primer mandatario, lo que no está en discusión; el único que lo ha puesto en duda, paradójicamente, es el mismo Petro. Por supuesto que habría sido menos enredado que el CNE abriera investigación solo contra los demás responsables de la campaña presidencial que no tienen fuero constitucional, y compulsara copias a la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes para que esta célula parlamentaria investigue, exonere o sancione al presidente. Aún podría hacerlo así el CNE, bien de oficio o si atendiere un simple recurso de reposición que formule la defensa presidencial.
13 oct 2024.- Eso que es tan claro lo deben tener muy averiguado en el equipo de asesores y abogados de Petro, y entonces es aquí donde cabe preguntarse: si el CNE jamás podría investigar ni sancionar a Petro, ¿por qué este alboroto que, con razón, en los medios internacionales ya se califica como una crisis sin precedentes?
Tal parece que Petro no está asustado por lo que sabe que no le va a pasar, sino por lo que le viene pierna arriba a quienes fueron sus gerentes de campaña, empezando por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. No es un secreto la cercanía del mandatario y su familia con este subalterno, y ello explica no solo por qué lo nombraron sino, además, la visceral defensa que han asumido en su favor desde la Casa de Nariño. ¿A qué le temerá Petro con la inminente caída judicial de su entrañable amigo Roa? Solo ellos dos lo saben. Para las verdades el tiempo.
Se comprende que Petro quiera respaldar a su aliado Roa a quien curiosamente le está demostrando la lealtad que no ha tenido con otros de sus alfiles, pero ¿por qué paralizar al país con asambleas permanentes y para qué convocar al cuerpo diplomático? Y eso que estábamos en modo Acuerdo Nacional, el cual duró menos que un ponqué en la puerta de una escuela.
Los embajadores, ministros consejeros y hasta cónsules estarán prestos a atender la invitación a la Casa de Nariño para que Petro les informe de su expediente por violar los gastos autorizados para su campaña e intente convencerlos de que no hay pruebas. Inclusive promoverá su disparatada tesis de que los gastos de celebración de la victoria no son de la campaña, porque ya se había producido su elección unas horas antes del ágape. Ninguno de esos avezados hombres formados y curtidos en las alambicadas formas de la delicadeza, le va a expresar a Petro su respaldo, salvo que, por ejemplo, los representantes de Maduro y Lula desaprovechen la oportunidad de quedarse callados. En cambio, cada uno de esos sofisticados dignatarios extranjeros enviará a sus países un informe de pesimismo de cómo va Colombia. Y no mentirán.
La estrategia de Petro es indescifrable, porque si no le gusta el CNE dizque por su conformación con políticos, en lo que no le falta razón, entonces ¿cómo irá a ser cuando su proceso llegue por fin a la Comisión de Absoluciones en la que todos son igualmente duchos en política? Si ahora armó las de San Quintín, cuando sea confrontado ante sus jueces naturales tampoco le va a gustar y someterá al escarnio a esos parlamentarios. ¿Habrá juez para Petro?
Petro nos lastimó a los externadistas alegando que él no es jurista pero que como estudió en el Externado, aunque no derecho, entonces eso lo convierte en abogado. Dislate apenas comparable con la amenaza velada de proponer una reforma constitucional para que los jueces sean elegidos por voto popular. Ese sí sería el verdadero Golpe de Estado y de eso no enseñamos en los salones libertarios del radicalismo.
A propósito, no sería extraño que algunos de los ministros estén incómodos al verse vestidos de defensores oficiosos de Petro, y estén pensando en renunciar. Lo raro es que no lo hayan hecho, pero “voluntariamente” sí hayan suscrito –algunos de ellos de buena fe y con mucha ingenuidad– un comunicado respaldando al presidente que intimida al poder judicial con la elección popular de jueces y no está dispuesto a cumplir sus fallos. Las consecuencias de hablar mucho y pensar poco.
Adenda. Solo falta que los delegados del Gobierno se reúnan con los del ELN y les pidan perdón.
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/bitacora-de-un-agitador/
24.37.-Precisiones sobre el CNE y el fuero presidencial – RODRIGO UPRIMNY
La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al presidente (y no sólo a su campaña) por una eventual violación de las reglas de financiación electoral ha provocado una grave crisis y fuertes controversias jurídicas. En este debate hay consenso en los tres puntos más importantes, pero existe un asunto discutible que, paradójicamente, ha creado los enfrentamientos más duros.
13 oct 2024.- Primer consenso: el CNE tiene que ser reformado por su dependencia de los partidos, que permite que sea usado como arma política. ¿Qué credibilidad puede tener la investigación del CNE si está liderada por Álvaro Prada, opositor de Petro e investigado penalmente por la Corte Suprema? Ojalá esta crisis permita adoptar las reformas necesarias para tener una organización electoral independiente de los partidos.
Segundo consenso: gústenos o no, conforme a la Ley 996, el CNE puede investigar las campañas electorales, incluso la del presidente, por violación de las reglas de financiación, como se hizo en el pasado con las de Santos y Duque.
Tercer consenso: el CNE no puede destituir ni suspender a Petro. Esa competencia es exclusiva del Congreso, quien la ejerce en forma autónoma, sin estar atado a las conclusiones del CNE.
Por otro lado, el único disenso reside en si el CNE puede o no investigar también al presidente por violación de esas reglas de financiación electoral y eventualmente imponerle las sanciones pecuniarias previstas en la Ley 996: multa o devolución de dineros. El presidente, sus seguidores y juristas respetados, como José Gregorio Hernández, sostienen que no, por cuanto esto desconocería el fuero presidencial, que sería integral en estos aspectos, conforme a la sentencia SU-431/05 de la Corte Constitucional.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado (SCCE) llegó a una conclusión distinta. Esta SCCE tiene la facultad de resolver los conflictos de competencia entre una autoridad administrativa (el CNE) y quien ejerce una función judicial (en este caso, la Comisión de Acusaciones), como lo ha señalado la Corte Constitucional en varias decisiones (autos 1044/21 y 1692/22). La SCCE concluyó entonces que el CNE podía investigar al presidente por esas faltas, pero no podía destituirlo sino sólo imponerle eventualmente las sanciones monetarias. La SCCE fundamentó su decisión en las facultades del CNE establecidas en la Ley 996 y en que el fuero presidencial no es total, sino que está limitado a los aspectos penales y disciplinarios, por lo cual no cubre sanciones administrativas por violación de reglas electorales. Por ello consideró que la sentencia SU-431 de 2005 no era aplicable en este caso.
La discusión jurídica sobre este punto es muy enredada, con tesis plausibles de ambos lados. Pero lo importante es que, con cualquiera de las dos tesis, la esencia del fuero presidencial está preservada: el CNE no puede investigar penalmente a Petro ni tocar su periodo presidencial. Eso solo puede hacerlo el Congreso, con mayorías especiales, autonomía y después de un largo proceso, como lo expliqué en mi anterior columna sobre el tema. Esta es la esencia del fuero presidencial, que por ello no está en peligro.
Además, los abogados del presidente tienen múltiples posibilidades jurídicas para enfrentar las decisiones del CNE, incluyendo interponer una tutela que llegaría a la Corte Constitucional. El presidente, en vez de irresponsablemente denunciar un supuesto golpe de Estado y llamar a la movilización ciudadana para enfrentarlo, debería reconocer que su fuero, en lo esencial, está intacto y proceder a usar las amplias posibilidades a su disposición para cuestionar jurídicamente la decisión del CNE.
24.37.-Se la sirvieron en bandeja – MARÍA ISABEL RUEDA
No existe ninguna, pero ninguna posibilidad, de que el Consejo Nacional Electoral pueda tumbar a Gustavo Petro. El que diga lo contrario miente.
Al presidente Petro no le habría ido tan bien si el Consejo Nacional Electoral no hubiera decidido formularle cargos por el manejo de la campaña presidencial del Pacto Histórico. Pero el CNE le abrió la puerta hasta para que el mandatario anunciara que había comenzado el “golpe de Estado” en su contra, sin incurrir ya en eufemismos como “golpes blandos”, que sonaban desproporcionados para hacer su llamado a la “movilización generalizada del pueblo colombiano por la defensa de la democracia”.
12 oct 2024.- ¿Se equivocó el CNE? Sí. No porque carezca de las facultades legales que le permitan investigar la financiación de las campañas por sus topes y/o sus orígenes legales. Sino porque de manera torpe, el CNE imputó directamente y con nombre propio a Petro, dando lugar a que los titulares de prensa cayeran en la confusión de crear un maremágnum con el fuero presidencial, ya que, por la teoría del fuero integral o fuero de atracción, como técnicamente se llama, cuando el candidato se convierte en presidente, su alta jerarquía arrastra a las demás investigaciones para que sea su juez natural, la Comisión de Acusación de la Cámara, la que lo investigue.
Que yo recuerde, el CNE, en dos oportunidades recientes, ha investigado campañas presidenciales. Una la de Santos y otra la de Duque, sin que ninguno hubiera denunciado golpe de Estado. Ambos fueron absueltos. Pero el CNE, precisamente, investiga es a las campañas, de lo cual se puede derivar una sanción pecuniaria para quienes componen su aparato. Muy difícil desligar al candidato de su gerente, que en la responsabilidad pecuniaria están vinculados solidariamente, como dice la Ley 996 del 2005. Y ello puede dar lugar al traslado de ese proceso a la Comisión de Acusación, en cuyo caso solo el presidente, por ser aforado, será objeto de investigación en esa instancia, y solo en esa.
Conscientes de que la tesis implícita en la presentación de su comunicado tiene sus claroscuros y que aguanta mucho debate jurídico, los integrantes del CNE no han hecho desde entonces sino salir a aclarar prácticamente todos los días, e insultados por Petro, que el fuero del presidente solo corresponde al Congreso. Pero a papaya servida… El presidente ha convocado a las “organizaciones populares a reunirse y a declararse en asamblea permanente” y le ha prohibido al Ejército “levantar una sola arma contra el pueblo”. De paso, en otra de sus ya características alocuciones televisadas, intentó rebatir la validez de por lo menos 4 argumentos de la CNE, con cierta razón, pero también sin ella. Suena contradictorio, así que veamos:
1. Que los aportes millonarios de la USO y Fecode terminaron en el partido y no en la campaña. Cierto. Pero eran para Petro y, de hecho, ya se los habían ofrecido al gerente Ricardo Roa, a quien debió recomendar tal esguince jurídico para recibirlos.
Muy difícil desligar al candidato de su gerente, que en la responsabilidad pecuniaria están vinculados solidariamente, como dice la Ley 996 del 2005
2. Que los pagos a testigos electorales en 1.ª y 2.ª vuelta no corresponden a gastos de campaña. ¿Y entonces, de dónde salió la plata para remunerarlos? ¿La mandaría la santa Madre Laura? Petro también alega que, oficialmente, las campañas terminan cuando se abren las urnas para la votación. ¿O sea que a los testigos les daba lo mismo a cuál candidato era al que le cuidaban los votos?
3. Que los magistrados confunden y malinterpretan los permisos de vuelo de las aeronaves que rentaron o les prestaron, porque no necesariamente fueron utilizadas por la campaña propiamente dicha. ¿Si, por ejemplo, en esos vuelos viajaron unos candidatos al Congreso, como de hecho sucedió en diversas oportunidades, eso puede ser considerado campaña, o es que los pasajeros andaban haciendo proselitismo para un candidato de Cafarnaúm?
4. Que el evento de Movistar Arena para celebrar el triunfo de Petro no formó parte del período de campaña, porque se hizo después de las elecciones. Nuevamente: ¿y la plata para montar tamaña fiesta fue donada desde el cielo o recaudada en campaña?
Cada vez tengo más la sensación de que el golpe de Estado que Petro sostiene que se inició en su contra es el que él nos está montando a nosotros, al responder a asuntos de derecho con su juego de situaciones ‘de facto’.
Zanjemos esta discusión así: no existe ninguna, pero ninguna posibilidad, de que el Consejo Nacional Electoral pueda tumbar a Gustavo Petro. El que diga lo contrario miente. Y punto.
Entretanto… Me apena que el hecho de que un noticiero de la importancia de CM&, rival de QAP muchos años, vaya a desaparecer en pocos días por motivos financieros, y que eso no sea motivo de comentarios. No solo lo lamento por la importancia y trascendencia que Yamid Amat ha tenido en la historia de este país. Sino por la calidad de las presentadoras de CM&, de sus incansables periodistas y reporteros y por la gran factura de su contenido.
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/se-la-sirvieron-en-bandeja-3389782