*24.42.-Los oscuros contratos del alcalde de Tunja – YOHIR AKERMAN
*Los complacientes generales Vargas y Mujica – CECILIA OROZCO
Quien fuera General de la policía y ahora candidato a la alcaldía de Bogotá durante el debate de candidatos organizado por Caracol televisión. Foto: El Espectador – Jorge Londoño
El presidente Gustavo Petro reveló, hace ya dos meses, la compra y uso clandestinos, en 2021 y 2022 cuando menos, del espía tecnológico Pegasus con base en un documento internacional que no dejaba dudas razonables por los datos que contenía sobre fechas, precio pagado en efectivo pese a su gran monto ($11 millones US), identificación de la empresa vendedora israelí y hasta del banco receptor del dinero. En ese momento, la mediocre oposición de hoy, integrada, básicamente, por el uribismo y los medios que le sirven, no se ocupó de atender la gravedad del asunto denunciado aunque comprometía a su gobierno, el de Duque.
13 nov 2024.- En lugar de enterarse de las implicaciones de un caso que impacta la seguridad nacional, adjetivó con insultos, y ya, como siempre. Se trataba de “una cortina de humo”, fue la reacción general. El filósofo de la ultraderecha, Ernesto Macías, opinó que Pegasus era “ciencia ficción”; la senadora Cabal se pronunció mediante un análisis contundente: “es un refrito para distraer la atención”; el rival de precandidatura presidencial de Cabal, Miguel Uribe, desmenuzó una tesis sesuda: “¡Petro descarado!”; y el moderado Sergio Fajardo le pidió al presidente “salir de esa burbuja llena de incoherencias” (ver). Después de que funcionarios de Estados Unidos aceptaran que su gobierno pagó el software Pegasus –y sí, en efectivo– para aplicar su espionaje cibernético en Colombia “únicamente contra los narcotraficantes”, el silencio de la ultraderecha política ha sido atronador. Habló el amo: su palabra es sagrada (ver). La “cortina de humo” devino en realidad y nadie, ni el locuaz Duque ahora enmudecido, se atreve a burlarse de ella o a contradecirla.
No obstante el destape misterioso de los oficiales del gobierno norteamericano, quienes ejercemos el derecho a la duda criolla, tenemos preguntas y objeciones. Y las hacemos, ni más faltaba. Primero: ¿por qué los participantes del operativo de adquisición del violador de intimidades Pegasus, a saber, la CIA (Central Intelligence Agency) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), decidieron por sí y ante sí su compra y activación en contra de algunos colombianos sin informar o, al menos, notificar al presidente de la República de entonces ni al de hoy? Segundo: ¿el director de la Policía Nacional y su jefe de inteligencia de esos años, generales Jorge Luis Vargas y Norberto Mujica, traicionaron la patria y con cuáles consecuencias, cuando se plegaron, sin ningún conflicto de conciencia, a los intereses de la CIA; a la mismísima Ley de Inteligencia que limita sus decisiones a la defensa y soberanía de la Nación; y al Código Penal en que se estipula que “el que realice actos que tiendan… a someter (al país) en todo o en parte al dominio extranjero… incurrirá en prisión de 20 a 30 años”? Tercero: ¿Por qué la CIA compró Pegasus con billetes físicos a pesar de su millonaria suma, y por qué trasladó esa enorme cantidad de plata a nuestro país en lugar de realizar la transacción en Estados Unidos?
Imagino que los agentes de la CIA consideraron que era mejor violar el marco legal de un paisito como el nuestro que enfrentar los rígidos parámetros de conducta exigidos por su legislación. De este lado del charco, los cuestionados generales Vargas y Mujica, directamente comprometidos con la monstruosa ejecución de un aparataje de violación masiva de la intimidad ciudadana –quién sabe si con la complicidad de otros funcionarios del gobierno Duque–, prefirieron someterse al colonialismo dominante y agachar la cabeza bajo el convencimiento de que estaban obligados a responderle al cuartel general de la CIA, en Langley, Virginia, por encima de su nacionalidad y de la Casa de Nariño. Si resulta exacto que los agentes extranjeros “controlaron” las operaciones de Pegasus, también lo es que almacenaron los datos recolectados en nuestro suelo. Y, obvio, que tienen archivadas teras de información sobre Colombia mientras todas desaparecieron aquí. ¿Y nuestros derechos fundamentales? Nada bien. Gracias.
Entre paréntesis.– La saliente procuradora Cabello que, distraída ella, “no ha encontrado rastros del programa [Pegasus]”, ocupa sus últimos esfuerzos en raspar la olla del dinero a su disposición. Dejará al firmón de sus contratos, el barranquillero secretario general Carlos Alberto Castellanos, listo para obtener un salario más alto que el actual. El pobrecito solo gana más de $33 millones mensuales. Ahora, ascendido por su madrina a Procurador Judicial II, recibirá $41 millones 657 mil. Todo podrá ser, pero no hay dudas de que la señora Cabello sabe devolver opíparamente los favores que le hacen.
24.42.-Los oscuros contratos del alcalde de Tunja – YOHIR AKERMAN
El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, sigue cometiendo presuntos actos de corrupción con los recursos del municipio. El más reciente es pagarle a su abogado para el proceso disciplinario que enfrenta ante la Procuraduría, con contratos con el municipio de Tunja.
Una situación en la que los impuestos de los boyacenses están financiando la defensa que el burgomaestre debería cancelar con su bolsillo. Así es la historia.
El 12 de noviembre de 2023, publicamos una columna titulada ‘El alcalde ruso está inhabilitado’. En esa investigación denunciamos con pruebas documentales que, el profe, como le gusta que le digan a Krasnov, había sido contratista del municipio un año antes de ser elegido alcalde el 29 de octubre de 2023.
17 nov 2024.- El colombo ruso tuvo varios contratos como catedrático de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, pero la inhabilidad, según el análisis de la ley, la produjeron únicamente dos contratos. El primero, el número 1953, firmado el 28 de octubre de 2022 y finiquitado el 25 de noviembre del mismo año, por un valor de 6.131.200 pesos mensuales. Con el objeto de: “desarrollo de los programas de extensión, dictando cuatro cursos de idiomas (alemán y ruso), cada uno de 40 horas, para un total de 160 horas, dirigido a los estudiantes, administrativos y docentes de la UPTC, sede Tunja”. La ubicación es importante.
El segundo, el número 2302 con la misma UPTC, del 6 de diciembre de 2022 con terminación el 30 diciembre de ese mismo año. Este por un valor de 8.129.040 pesos mensuales, con el objeto de: “servicios profesionales de un magister en economía para la capacitación en revisión de documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán dirigido a estudiantes del semillero del grupo de investigación (…) en Tunja”.
Como hemos dicho en esta columna, lo importante en esos acuerdos no son los valores, sino sus fechas. Según el artículo 37 de la Ley 617 del 2000, que modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, esos contratos constituyen una inhabilidad para ser alcalde, por tres requisitos cumplidos. El primero es que fueron con una entidad oficial, ya que la UPTC es un ente universitario autónomo de carácter nacional y público. El segundo, que se suscribieron, a nombre e interés propio, dentro del año anterior a la fecha de su elección el 29 de octubre de 2023. Y el tercero, que se ejecutaron y cumplieron en Tunja, respectivo municipio donde ganó la Alcaldía el señor Krasnov. Un Capote de inhabilidades, como en la novela del escritor ruso Nikolái Gógol.
Por estos hechos, el 18 de abril de 2024 se dio apertura de investigación en contra del alcalde de Tunja, por parte de la Procuraduría General de la Nación tras confirmar que el mandatario incurrió en una grave irregularidad al asumir el cargo, a pesar de estar legalmente inhabilitado para ello por sus contratos con la UPTC. Crimen y Castigo, para seguir con la literatura rusa, o al menos eso parece.
El pasado 11 de octubre se conoció el pliego de cargos del Ministerio Público, en el que calificó la falta de Krasnov como gravísima a título de dolo, destacando que su conducta afectó tanto la administración municipal como la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Una cosa llama la atención. En ese documento aparece que el apoderado del investigado es el abogado Juan Javier García Carrizosa. Ahí vienen los elementos descubiertos por el equipo de esta columna en Boyacá, que constituyen otra posible violación de la ley por parte del alcalde de Tunja.
Vamos a los hechos. El proceso en la Procuraduría se inició el 15 de enero de 2024, por una queja interpuesta el 8 de enero de este año. Pese a haber tenido la oportunidad procesal para defenderse, dentro del expediente no obra actuación alguna por parte del alcalde investigado, ni rindiendo versión libre sobre los hechos ni presentando alegatos previos a la evaluación de la investigación. Alcalde re-vago, cual Doctor Zhivago de Boris Pasternak, un clásico de la literatura de Tunjaleningrado.
Únicamente, hasta que la Procuraduría le abrió pliego de cargos, el pasado 4 de octubre, Krasnov se presentó con abogado al proceso. Pues bien, su abogado, el señor Juan Javier García Carrizosa, oh coincidencia, en las mismas fechas, firmó un contrato de prestación de servicios profesionales con la Alcaldía de Tunja con otro simulado objeto. Recordemos que los abogados de los funcionarios públicos no deberían ser pagados con recursos públicos.
El acuerdo número 1468 de 2024, se firmó por dos meses y 20 días con fecha de terminación el próximo 16 de diciembre por un valor de 13.200.000 pesos. El objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales como abogado especializado para fortalecer los asuntos de competencia de la secretaría del interior y seguridad territorial del municipio de Tunja. La realidad es que todo parece indicar que es para que defienda al alcalde.
Es decir, los tunjanos le están pagando la defensa a Krasnov ante la Procuraduría, gracias a su oscuro manejo de los recursos municipales con fines particulares. Un caso que debería mirar la Contraloría, ya que como dice mi profesor de penal, están cometiendo un delito para tapar un pecado. Tal y como sucedió en La muerte de un funcionario, el famoso cuento del ruso Antón Chéjov.
Pero recordemos que no es la primera vez que el alcalde utiliza la contratación pública para salvarse de sus líos jurídicos. Vamos atrás. Por estos hechos, y por otros como su doble nacionalidad, a final del año pasado se presentaron dos demandas electorales realizadas por distintas personas ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.
La primera de ellas interpuesta y radicada el 14 de noviembre de 2023, por un abogado llamado Juan Sebastián Ramírez García. Y la segunda, radicada el 6 de diciembre del mismo año, por un grupo denominado Asesorías y Representación Jurídica, donde figura el señor David Alejandro Ávila como representante legal, y Marco Antonio Palma Luna como su abogado. Acá se dio la repartición de contratos.
El primer caso fue asignado al magistrado ponente Diego Mauricio Higuera Jiménez, integrante del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. A través de auto del 20 de noviembre de 2023, en una primera actuación, el magistrado decidió inadmitir la demanda, por no reunir los requisitos formales, como escribir mal el nombre del alcalde demandado. Básico.
Pero después de una simple subsanación de estos elementos, el 4 de diciembre de 2023, el magistrado Higuera Jiménez corrió, en el término de cinco días, traslado de la medida cautelar, es decir de la suspensión de la elección del alcalde, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y al Ministerio Publico.
Posteriormente, el 29 de enero, el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de nulidad electoral, le concedió al demandado, el alcalde colombo ruso, el término de tres días para que designara apoderado judicial en el proceso. El alcalde Rasputín respondió oponiéndose ante las medidas cautelares de manera personal. Pero el 1 de febrero el abogado demandante, el señor Juan Sebastián Ramírez García, sorpresivamente, y en las más extrañas circunstancias, solicitó el retiro de su demanda. Agua posada no mueve molino, dice el viejo refrán boyacense.
El 13 de marzo de este año, el Tribunal Administrativo de Boyacá, aceptó el retiro de la demanda, con el argumento de que esta no se había admitido completamente. Esto, según juristas consultados por esta columna, solo se hubiera podido hacer siempre que no se hubiese notificado al demandando, ni al Ministerio Público, cosa que ya se había surtido y razón por la cual, en otros casos similares, la demanda no debía admitir retiro. Pero en una carta a título personal, el alcalde aceptó la solicitud de retiro de la demanda en su contra, y colorín colorado, este cuento se había embolatado.
Acá viene la explicación. El 4 de febrero de este año, el antes demandante del alcalde de Tunja pasó a ser asalariado de la Alcaldía de Tunja, con el contrato número ECO CD 001-2024, de la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja, Ecovivienda, por la módica suma de 54.285.000 pesos para el plazo de diez meses y once días. La bicoca de 54 millones les costó a los tunjanos el chancuco del alcalde con su exdemandante.
Como lo hemos denunciado en esta columna, la lluvia de contratos milagrosos no paró ahí. En la segunda demanda en contra de Mikhail Krasnov, el entonces magistrado ponente, fue el gran ganador de un pedacito de la torta presupuestal del municipio, en tercera persona. La cucharita contractual aquí no se les perdió.
Vamos a la línea de tiempo en ese caso. El 16 de noviembre de 2023, como ya dijimos, el grupo llamado Asesorías y Representación Jurídica presentó la demanda de nulidad electoral en contra del alcalde Krasnov. El 12 de diciembre fue asignado como ponente, esta vez, al magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, también integrante del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá. En su primera actuación inadmitió la demanda y pidió subsanación, argumentando que debían individualizar los actos demandados, es decir cuál hecho electoral se debía declarar nulo y precisar y aclarar las pretensiones.
En esa actuación no se hizo mención alguna a que el demandante era una persona jurídica, ni se indicó que debía actuar como persona natural o adjuntar la cédula de ciudadanía. Este detalle es importante. El 18 de enero de este año, el magistrado Arciniegas Triana corrió traslado a las partes y dio cinco días para que hicieran pronunciamiento sobre la medida cautelar de suspensión de la elección. El alcalde Krasnov no respetó los términos y el 26 de enero se pronunció, de nuevo a título personal, en flagrante violación de la ley, por lo cual debió darse por no contestada, ya que se habían vencido los términos de esa respuesta.
Recordemos que los términos procesales son perentorios e improrrogables y no son susceptibles de ser establecidos a voluntad de los sujetos procesales, ni del juez. Increíblemente, el 7 de febrero el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá no hizo eso, sino que le otorgó otros tres días más al burgomaestre para que se presentara con apoderado judicial y con eso argumentara su oposición a la medida cautelar del demandante, plazo que nuevamente el alcalde Krasnov incumplió. Pálido Fuego diría el novelista ruso Vladimir Nabokov.
El 23 de febrero el magistrado Arciniegas Triana, nuevamente, inadmitió la demanda, estableciendo que Asesorías y Representación Jurídica tenía que actuar como persona natural y no como persona jurídica y concedió tres días para que subsanara este aspecto, cosa que se cumplió.
Pese a eso, el 6 de marzo, el magistrado rechazó la demanda básicamente por dos argumentos. El primero, porque el demandante no presentó la copia de la cédula, cosa que nunca fue solicitada, y segundo, porque había caducidad de la acción, es decir que ya habían pasado los 20 días que la ley concede para demandar la elección de un servidor público. ¿Cómo no? si no se respetaron los términos procesales.
Por eso volvamos a la fecha del 7 de febrero, porque ese día pasó otra cosita que explica mucho. En esa fecha, la Alcaldía de Tunja firmó un proceso de contratación con la abogada Diana Alejandra Ibáñez Rodríguez, para la prestación de servicios profesionales por el valor de 20.400.000 pesos para un plazo de cinco meses.
Esto no sería más que una anécdota sino es porque la abogada es la madre de una pequeña niña que tuvo con el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana. Sí, el mismo que resolvió el caso del alcalde Krasnov a su favor. Una trama como de Padres e Hijos, pero no la interminable serie de televisión colombiana, sino la obra de Iván Turguénev de1862.
Todo esto constituye una posible actuación de prevaricato, ya que el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana tenía que declararse impedido antes de todas las decisiones que tomó a favor del alcalde investigado que era el jefe de la madre de su hija. El magistrado Arciniegas después de las denuncias en esta columna, terminó declarándose impedido y el caso lo asumió el magistrado Dayan Alberto Blanco Leguizamo.
El viernes pasado, 15 de noviembre, se llevó a cabo una audiencia en el Tribunal Administrativo de ese caso frente al magistrado Blanco, y el abogado que acompañó al alcalde Krasnov en esa audiencia fue el señor Ricardo Andrés Rodríguez Nova, quien, oh sorpresa, ha sonado para ocupar la posición de jefe de gabinete de la alcaldía.
Estos hechos demuestran que, para el alcalde de Tunja, no hay nada que la contratación municipal no le pueda solucionar. Ya sea para comprar el silencio de los que lo denuncian, contratar a las madres de las hijas de sus jueces, y ahora para el abogado que lo defiende de su proceso en la Procuraduría. Veremos qué saca después del sombrero de la contratación y los recursos del municipio de Tunja, cuando la Controlaría también lo empiece a investigar por esos hechos. Porque ya entendemos que la corrupción también habla muchos idiomas, y puede venir de la academia y llamarse profe.
Adenda. El próximo 21 de noviembre, Helicol se presentará ante la Superintendencia de Sociedades para una audiencia decisiva por presunto incumplimiento de su acuerdo de reorganización empresarial. Un proceso que ha captado la atención tanto del sector aeronáutico como de la Procuraduría General de la Nación, que ha decidido vigilarlo de cerca. La gravedad de la situación radica en dos aspectos cruciales. Primero, Helicol ha demostrado su operatividad y el cumplimiento de sus pagos, lo cual no es un detalle menor, considerando que su liquidación dejaría sin empleo a más de 100 trabajadores, sumiendo en la incertidumbre a acreedores y pensionados. Segundo, la amenaza de una posible liquidación parece levantar sospechas, ya que la compañía recientemente se hizo con una parte significativa del contrato de aviación de Ecopetrol, y el único beneficiado de su cierre sería su competidor Helistar, quien recuperaría el monopolio del contrato. Parece un caso en el que la posible liquidación de una empresa viable beneficia únicamente a intereses oscuros particulares.
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