*24.37.-Percepción de riesgo y futuro petrolero SALOMÓN KALMANOVITZ
*A por la organización electoralGERMÁN VARGAS
*Nominalismo – JORGE IVÁN GONZÁLEZ

En sus apreciaciones sobre el presupuesto por programa, el Presupuesto General de la Nación 2025 es profundamente nominalista, y termina desvirtuando los alcances de este instrumento.

Sociedad De Filosofía Aplicada - Caricatura del Nominalismo (S. XI-XIV) por cimm.ucr. Con el término "nominalismo» se designa a una doctrina filosófica según la cual los universales o conceptos generales son simples

“La rosa de antaño solamente existe en su nombre; poseemos nombres desnudos”. Esta frase del “Nombre de la Rosa”, la excelente novela de Umberto Eco, resume bien el significado del nominalismo: la negación de la existencia de universales. William de Ockham consideraba que únicamente tienen valor los individuos particulares, y que las categorías universales son conceptos vacíos.

11 oct 2024.- Esta referencia al nominalismo es pertinente porque Hacienda propone un enfoque nominalista del presupuesto por programa que termina aniquilando sus bondades. En el documento anexo al Presupuesto se menciona el artículo 364 de la ley 2294 de 2022, mediante la cual se aprobó el Plan de Desarrollo. Este artículo obliga a modificar de manera sustantiva la forma como se elabora el presupuesto.

Tal y como se conoce a nivel internacional, el presupuesto por programa busca que el gobierno defina pocos programas estratégicos, alrededor de los cuales se articula la mayor parte del gasto de funcionamiento y de inversión. Estos programas permiten que haya confluencia de recursos entre los gobiernos nacional y local, además elimina la anualidad y termina con la separación artificial entre funcionamiento e inversión.

De acuerdo con el espíritu del artículo 364, un programa podría ser, por ejemplo, la modernización de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales, de tal forma que en adelante no se vuelva a contaminar un solo río. Otro programa sería el fortalecimiento de la economía circular, o la adecuación física de todos los colegios rurales, o la conservación de la biodiversidad pacífica. Un país que efectivamente aplique la metodología debería expresar todo su presupuesto en 15 o 20 programas estratégicos.

La categoría universal del presupuesto por programa apunta en esta dirección, y el mecanismo no es concebible por fuera de una visión estratégica con un horizonte de mediano plazo. Este principio básico es negado por el Presupuesto de 2025, que no entiende el presupuesto por programa en su complejidad, y de manera simplista opta, como diría Ockham, por un extenso listado de pequeños individuos particulares. En 87 páginas, de la 80 a la 167, se mencionan múltiples programas, que son ridículos frente al significado conceptual del presupuesto por programa.

Basta con mencionar algunos de ellos: “3 kilómetros de vía urbana mejorada”, “12 servicios de gestión documental”, “2 servicios de acondicionamiento de ambientes de aprendizaje”, “2 nuevas calzadas construidas en vías secundaria”, etc. Tales acciones se presentan por sectores sin que estén enmarcadas en un programa que efectivamente merezca tal nombre. Esta pésima interpretación del presupuesto por programa lleva, de hecho, a aceptar la fragmentación actual, sin que haya ninguna modificación.
Esta dispersión sectorial es la negación rotunda del presupuesto por programa.

Es una falsificación nominalista que no responde al propósito del artículo 364. Este listado de un sinnúmero de tareas menosprecia los cambios radicales que se deben realizar en la actual estructura del presupuesto, de tal forma que en el futuro en el país se comience a aplicar el presupuesto por programa, más allá de todo nominalismo, y de acuerdo con los criterios definidos y valorados en la literatura especializada.

https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/nominalismo-3973744

24.37.-Percepción de riesgo y futuro petrolero SALOMÓN KALMANOVITZ

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El peso colombiano ha sufrido una devaluación cercana al 9 % durante este año. De haber rondado los $3,920 por dólar a principios de año, marcó $4,182 el 4 de octubre pasado. Una causa del deterioro ha sido la baja del precio del petróleo, pero otra razón es la caída de los ingresos tributarios, que hace necesario un brusco ajuste del gasto público y que se frene el crecimiento de la economía que comenzaba a despegar tibiamente. Una caída de los ingresos del gobierno puede convertirse en dificultades para honrar las obligaciones de su deuda en dólares y por ello los inversionistas y las evaluadoras de riesgo están observando con cuidado las finanzas de Colombia.

7 oct 2024.- El precio del petróleo llegó a tocar mínimos de USD $69 por barril el 10 de septiembre pasado, mientras que su precio más alto fue de USD $82 el 25 de julio. Esto dejó como tendencia predominante un movimiento sobre los US $75 por barril, que incidirá en que el precio del crudo que genera Colombia se convierta en menos divisas, según observa el economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, Munir Jalil -el BTG es un banco de inversión norteamericano que tiene amplia presencia en América y en Colombia también-. Sin embargo, a raíz de la volátil situación de Oriente Medio, el barril de petróleo aumentó su precio, llevando a que el Ice Brent rondara los US $78 por barril el 4 de octubre.

Jalil agrega que “estamos ante una situación en la que la expectativa de los ingresos a futuro se ha visto disminuida y, por consiguiente, el riesgo del país hacia adelante se ha venido elevando y se va a mantener seguramente como el más alto hasta que no cambie esa visión”. Evidentemente, los ingresos del país por concepto de sus exportaciones de petróleo cayeron por el deterioro de su precio internacional. Según Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal, “haciendo una radiografía de la situación actual de Ecopetrol, se destaca que sus ingresos cayeron un 12,6 % ($9,2 billones) en el primer semestre del año; las utilidades se contrajeron en $4,6 billones o 16 %; y los costos de operación subieron un 21,4 % en lo que concierne a conceptos variables y un 9 % en los fijos; lo que sin duda quiere decir que le está generando menores ingresos a la Nación”.

El presidente de la petrolera colombiana también resaltó que en 2023 se le entregaron $58 billones en transferencias al país, y que se espere que este año se ronde alrededor de los $40 billones, es decir, $18 billones menos. Estos hechos han obligado al gobierno a presentar una ley de financiamiento que es de $12 billones para atender parte del faltante, obligando a un apretón considerable del gasto público.

Hacia futuro, la situación de la industria luce más favorable. El hallazgo de yacimientos de gas a 30 kilómetros costa afuera de Taganga con un potencial suficiente para atender la demanda nacional durante 20 años es una buena noticia para el país. Sin embargo, su explotación y la construcción del gasoducto puede demorarse unos cinco años, durante los cuales habrá que recurrir a las importaciones del combustible para atender parte de la demanda nacional y pagar extra por el combustible más popular en las cocinas del país.

Se anuncia la oposición de los cinco mil habitantes de Taganga a los planes de perforar pozos costa afuera, lo que puede enredar el proyecto y perjudicar a más de diez millones de hogares que dependen del gas para cocinar. Además, están de por medio las necesidades del transporte y de los vehículos adaptados para impulsar su funcionamiento, que produce menos emisiones de carbono que la gasolina y el diésel. Claro que es muy fácil que Ecopetrol cuide el medio ambiente y pague regalías al municipio, compensándolo por los daños que puedan afectar la pesca de subsistencia y el turismo, que soportan la economía del municipio.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/percepcion-de-riesgo-y-futuro-petrolero/

24.37.-A por la organización electoralGERMÁN VARGAS

Detrás de todo este novelón con Thomas Greg & Sons no hay nada distinto a la decisión del Gobierno de estatizar este servicio.

El pasado 2 de octubre venció el contrato para la elaboración de pasaportes a cargo de la firma Thomas Greg & Sons, y se inició uno nuevo por un término de 11 meses otorgado mediante la figura de la urgencia manifiesta, como el anterior, y después de meses de incertidumbre e interminables colas para obtenerlo por primera vez o renovarlo.

12 oct 2024.- Y así vamos a seguir, pues ningún país o compañía se va a comprometer con una solución en tan corto tiempo. Lo cierto es que detrás de todo este novelón no hay nada distinto a la decisión del Gobierno de estatizar este servicio, como está ocurriendo en el sector de la salud, de la educación, de los servicios públicos o de la infraestructura vial, entre muchos otros.

Vale la pena recordar que los actuales pasaportes son en su totalidad producidos en el país, en plantas y con personal colombiano. Así ha sido por más de 50 años con un servicio de excelencia, reconocido por todos, a precios muy competitivos y con tiempos de entrega menores de 24 horas. Téngase en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos el costo del documento es de 150 dólares y su plazo de entrega puede llegar a ser superior a los 10 días.

Pero nada de esto importa. Ni el servicio ni los ciudadanos. Solo el afán estatizador, la ideología ciega y en este caso un afán revanchista, pues ni el propio Petro oculta que detrás de todo este entramado de ilegalidad e improvisación está la convicción presidencial de que esta empresa en conjunto con la Registraduría fueran las responsables de que le robaran las elecciones en 2018 y que trataron de hacerlo nuevamente en 2022, según sostiene.

La estrategia comenzó desde marzo, estatizando el servicio de las cédulas de extranjería, y la realidad es que al día de hoy no han entregado la primera. La Imprenta Nacional, nueva responsable del proceso en asocio con la mexicana empresa Accesos Holográficos, que en realidad es una intermediaria, tiene más de 8.000 cédulas de extranjería represadas. De nada han servido las gestiones con empresas eslovenas o canadienses para que envíen los plásticos o los equipos. Nada ha funcionado. Y si esto ocurre con unas pocas cédulas de extranjería, qué nos puede esperar cuando a estas empresas lideradas por la Imprenta se les entregue la responsabilidad de los pasaportes.

Los actuales pasaportes son en su totalidad producidos en el país, en plantas y con personal colombiano. Así ha sido por más de 50 años con un servicio de excelencia, reconocido por todos, a precios muy competitivos

Y aun con este antecedente creen que pueden preparar a la Imprenta en 11 meses para garantizar la producción de los pasaportes. Ya hablan de convenios gobierno a gobierno, para lo cual han contactado a varios países y firmas. Pero anticipo que todo terminará muy mal, pues el proceso contempla la formación de una APP en donde Colombia aportará el 50 % de la inversión en un contrato que prevé que los equipos después de 10 años pasen a manos del Estado. El modelo está condenado al fracaso, pues se financiará con el precio de los pasaportes. Imposible.

Y para ir ambientando esta peregrina idea, este gobierno populista ha decidido bajar en un 10 % el valor del pasaporte con cargo al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se anuncia que van a regalar los pasaportes a las personas cobijadas por el Sisbén y a determinadas poblaciones. A lo que se agrega la mentira del ministro sobre la implementación del pasaporte en línea, que ya está vigente desde 2020.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno debería abrir una licitación ya y no en 11 meses, cuando venza la prórroga. Esto daría un margen de maniobra indispensable. Pero no veo apersonado al ministro Murillo del tema. ¿Será que está comprando tiempo, pensando en no inhabilitarse y se irá dejándonos semejante problema?

Hagan lo que hagan, es crítico que no se bajen los estándares de calidad y seguridad, pues ello sí tendría implicaciones muy indeseables en términos de visados y aceptación internacional de nuestro pasaporte. Y, por supuesto, mucha atención a los temas de corrupción que, como ya es usual, han aparecido en todo este proceso.

Pero ojo. Detrás de todo esto, y lo más delicado, está el propósito último de apropiarse de la Registraduría y de la logística del proceso electoral. Ya esta semana nos notificaron que van por el poder.

De todo este sartal de mentiras, equivocaciones, intereses y quién sabe qué más, lo cierto es que al Estado colombiano le quedará una demanda multimillonaria por la que nadie va a responder. La Contraloría debería tomar cartas urgentes en este asunto.

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/a-por-la-organizacion-electoral-3389785